Las organizaciones de DDHH ante el desequilibrio del Poder Electoral

Iñaki Gainzarain

@igaztelu

En el siglo XXI intentan afianzarse fuerzas políticas de vocación claramente totalitaria, que buscan instalar hegemonías de dominación, basadas en fachadas democrático-electorales, mediante la instauración de sistemas de votación como el implementado en Venezuela en el período político bautizado como Pacto Militar del Samán de Güere (1999), y entre cuyos objetivos se encuentra el control progresivo de los poderes públicos, todo ello, bajo el manto de la periódica consulta popular controlada. 

Este proceso ha pasado por, promulgar una Constitución de contenido democrático para utilizarla como fachada; promover la suspensión del Poder Judicial para que no se ejerciera control de constitucionalidad; promulgar un estatuto electoral que permitió al Poder Ejecutivo escoger, tempranamente y a conveniencia, a los integrantes del órgano electoral, y así dictar normas a discreción, asegurando que las decisiones le fueran favorables.

Una vez instalado el andamiaje “legal” del denominado Socialismo Siglo XXI, se procedió a estructurar un sistema electrónico de votación solo controlable por el órgano electoral, ya bajo dominio del Poder Ejecutivo. 

En agosto del año 2004, se celebró el referéndum revocatorio del mandato de Hugo Chavez. Ese evento electoral marcó, el “antes y después” en materia del uso de dispositivos electrónicos intimidatorios, y fue antecedido por el montaje de un sistema de misiones sociales diseñado desde la experiencia de la dictadura cubana, y fortalecido desde el poderoso aparato de propaganda política. Se afirmó una y otra vez, que el objetivo de las tecnologías electorales era garantizar los principios de “una persona un voto”, “el acercamiento del Poder Electoral a la gente”, así como el de consolidar el “sistema electoral más transparente y rápido del mundo”.

La auditoría del referéndum se diseñó para ser realizada en solo ciento noventa y nueve (199) mesas de votación electrónica, de un total de diecinueve mil seiscientos sesenta y cuatro (19.664 – menos del 1%), con el agravante de que la auditoría final se practicó solamente en veintisiete (27) mesas. Citamos del Informe del Centro Carter: “...los observadores del Centro Carter pudieron presenciar seis procesos de auditoría. En sólo uno de los seis se contaron realmente los comprobantes de voto………. En el resto de los sitios observados, los auditores designados por el CNE no permitieron abrir la caja con los comprobantes, y explicaron que sus instrucciones no incluían contar los votos Sí y No de múltiples máquinas”. Esta prohibición de revisión de las cajas desvirtuó por completo la razón de ser de la supuesta muestra estadística de rigor, y reveló que el Poder Electoral todavía no estaba dispuesto a que se contrastaran los resultados de las máquinas electrónicas con las mesas manuales dispuestas en el mismo entorno geográfico de los centros.

Entre finales del año 2004 y durante el año 2005 se realizaron seis (6) estudios de especialistas en estadística, computación y transmisión de datos, que demostraron que los resultados oficiales entregados por el CNE, fueron manipulados y, por lo tanto, no se corresponden con la verdadera voluntad popular que fuera manifestada en tales comicios. Estos estudios fueron publicados por las revistas “Statistical Science” e “International Statistical Review”, cuyos sistemas de evaluación establecen severos filtros de validación para su posterior publicación. Entre las conclusiones y hallazgos a destacar tenemos: a) que los resultados oficiales que reportaron las máquinas de votación son anómalos, y que la probabilidad de ocurrencia casual de esas anomalías es virtualmente cero; b) que las anomalías encontradas perjudicaban sólo a una de las partes; c) uno de los estudios encontró el modelo matemático usado para determinar estos resultados anómalos.

Podemos seguir enunciando en detalle los serios problemas del Sistema Electoral Venezolano, que a partir del año 2004 ha ido consolidando una plataforma tecnológica  intimidatoria, ventajista y poco transparente. 

El punto que llama la atención es el silencio de las organizaciones de DDHH en un tema tan neurálgico para una democracia.

En Venezuela tenemos organizaciones con larga trayectoria en la lucha por defender los derechos humanos en su sentido más amplio. PROVEA, los Centros de Derechos Humanos de las Universidades Católica Andrés Bello y Central de Venezuela,  Justicia y Paz (Caritas Venezuela), la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, y Transparencia Venezuela, por citar algunas, tienen en su haber estudios y acciones que han beneficiado a miles de venezolanos en materia de vivienda, salud, defensa legal, diálogo con instancias del Estado, violencia de género, y pare usted de contar.

¿Por qué no se unen estas organizaciones para contratar expertos independientes, que evalúen los estudios matemáticos del referéndum revocatorio del 2004, así como las pruebas que se han presentado en torno al Registro Electoral, las Captahuellas, y al peligro que representa el intento de instaurar en la elección del 7 de octubre una captahuella conectada a la pantalla de votación? ¿O es que acaso un juez, para evaluar si se incorpora o no una tecnología, no preguntaría qué tan fácil es con esa tecnología persuadir a que una persona  "cambie su voluntad" ante un tema crucial?

La aparición de la dactiloscopia, y las recientes técnicas de identificación vía ADN, no fueron consecuencia del azar. Estudios científicos de diferente complejidad antecedieron estos avances que tanto han beneficiado al sistema de justicia, al crear un referente más objetivo para soportar acusaciones contra personas. La ciencia colocó un granito de arena en favor de la imparcialidad, en favor de buscar hacer realidad aquello de que la "justicia es ciega".

Siempre se ha etiquetado a las organizaciones de DDHH como simpatizantes de la izquierda en sus diferentes tonalidades. Evidentemente, ellas se colocan a favor de los débiles jurídicos, cosa que normalmente no hacen los que detentan el poder político y económico.

Pero de allí a que se les vincule al "Socialismo Siglo XXI" hay un gran trecho. Basta con observar las reacciones del Poder Ejecutivo y del partido oficial desde hace cinco años a la fecha.

Ahora bien, ¿es el Poder Electoral una piedra angular del Futuro y el Progreso de una Sociedad? La respuesta es inequívocamente si, al menos en países con lógicas democráticas basadas en el equilibrio de los poderes públicos y en la puesta en marcha de una agresiva agenda para la concreción de un marco social que busque garantizar la "igualdad de oportunidades".

Si el Poder Electoral tiene que ver con el Futuro y el Progreso, ¿no deberían las organizaciones de DDHH meterle la lupa a todas estas denuncias basadas en estudios técnicos serios?

Si el Poder Electoral promueve abiertamente una Falacia como que la captahuella garantiza "una persona un voto", ¿por qué las organizaciones de DDHH no exigen que se discuta públicamente esta denuncia, toda vez, que con un simple experimento que tomaría media mañana, podría resolverse el dilema en cuestión?

Si el Poder Electoral no ha contratado desde el 2005, una auditoría imparcial y profesional del RE, ¿por qué las organizaciones de DDHH no se suman a la exigencia de hacer transparente la base fundamental de una elección, cuál es las personas autorizadas a votar?

Si el Poder Electoral no ha presentado los resultados completos del referéndum constitucional del año 2007, ¿por qué las organizaciones de DDHH no se suman a esta demanda de información oportuna, adecuada y veraz, tan importante para la transparencia de la democracia?

Si el Poder Electoral no guarda relación con la realidad política del país, que a decir de los resultados de las elecciones parlamentarias del año 2010 es "mitad - mitad", ¿por qué las organizaciones de DDHH no plantean la necesaria relegitimación del Poder Electoral, creando las bases para que dos de los rectores sean del sector oficialista, dos del sector de la oposición democrática, y el quinto, producto de un acuerdo de los rectores ya elegidos?

Las organizaciones de DDHH tienen un reto ante sí: sumar su experiencia y voluntades a la promoción de una negociación política que permita transitar pacíficamente de un proyecto agotado a un nuevo acuerdo histórico, sin perder de vista el equilibrio entre los anhelos de justicia e igualdad, con la tan olvidada fraternidad y exigencia de libertades personales.

Las organizaciones de DDHH no pueden argumentar que este delicado problema electoral no tiene que ver con ellos.