Los ciudadanos que votaron por el Capitán (r) Aguilarte para su segunda gestión quedaron como jarrones chinos. Independientemente de los supuestos escándalos del militar, el proceso que correspondía iniciarse para su inhabilitación y posible destitución compete exclusivamente a la Justicia Civil. El colocar como secretario de gobierno a un militar de la “cúpula”, como paso previo a la operación “renuncio por motivos de salud”, nos describe claramente el carácter militar del gobierno actual.
Varias preguntas surgen: ¿cómo el PSUV acepta la imposición de Miraflores? ¿Qué papel juegan la Fiscalía y el TSJ?, y, ¿qué deberán hacer los factores democráticos de la nueva Asamblea Nacional?.
